*Publicada en Suplemento Identidad. Periódico El Mexicano.
Por Vianka R. Santana
Queda claro que la tan celebrada “alternancia” del sexenio pasado, no fue sino el refrendo del neoliberalismo y las políticas públicas de “marketing” que acabaron de poner en venta lo poco que había logrado salvarse de las administraciones priístas.
No solo fue castigado una vez más el sector cultural y educativo, sirviendo de botín para los que en vez de instrumentar proyectos para la nueva creación de escuelas en las comunidades rurales, se llenaron los bolsillos mientras con la otra mano repartían las “migas” hechas bicicletas en la tan sospechosa fundación “Vamos México”, o con la instalación de la “Enciclomedia” que priorizaron la adquisición de equipos (que aun ahora los docentes, siguen recibiendo talleres para aprender a utilizarlos) por sobre las necesidades de infraestructura, recursos elementales de aprovisionamiento y desde luego, la desatención total a la urgencia de crear un subsistema de enseñanza indígena.
Además de todo esto -y como la cereza del pastel-, las zonas declaradas patrimoniales, así como aquellas que habían sido inventariadas por el INAH por contar con vestigios arqueológicos, también se pusieron en sobre la mesa, a la espera del mejor comprador.
De ahí que los empresarios iraníes pudieran realizar un Rally en Montes Azules durante el periodo Foxista, o que el reconocido –y ahora fallecido- cacique yucateco Fernando Barbachano Peón, tuviera a bien reclamar en carta pública al entonces gobernador del Estado, su derecho “legítimo” a ingresar cuanta persona le fuera conveniente (sin pago alguno) por entrar a la zona arqueológica de El Castillo de Chichenitzá que “casualmente” le pertenece. Esto, en aquel grotesco comunicado donde literalmente decía y “te exhorto para que des las instrucciones pertinentes, a fin de que empleados de tu gobierno dejen de impedir al suscrito y a las personas que designe el libre acceso a los terrenos de mi propiedad”.
Situación a la que desde luego habría que sumarle otras zonas del país, otros caciques y otros empresarios mexicanos dispuestos a negociar hasta el último acre de nuestras reservas patrimoniales, en aras desde luego de la modernización, el desarrollo sustentable, los proyectos ecoturísticos, y la desmantelación del patrimonio nacional.
Por lo que tal vez citar Punta Colonet, la Escalera Naútica, los condominios de Donald Triumph, o la instalación de la planta regasificadora de Sempra donde la alerta lanzada el año pasado por Greenpeace, explica que “una explosión en los tanques de almacenamiento equivaldría a la detonación de 250 toneladas de TNT”. Desde luego sería ocioso dudar de la probidad de nuestras diligentes autoridades que participaron y participan de esto, y mucho menos creer que entre los inversionistas están nuestros respetados empresarios locales azul-rojos. Claro, no hay razones para dudar, cuando los hechos hablan tan claramente…
Lo más grave de todo esto, no solo es la indiferencia de la sociedad civil y su escasa participación social, ni siquiera la indiferencia sobre estos temas tan importantes para el futuro del Estado por parte de las Comisiones de Patrimonio Cultural (integradas en su mayoría por ciudadanos y representantes de instituciones), sino la asociación “sospechosa” de las autoridades del INAH, ante situaciones que claramente son una atropello a los derechos (ya no solamente culturales) sino constitucionales.
Tal parece que nuestras zonas patrimoniales arqueológicas, están puestas en la mira para ser convertidas en lujosos centros de diversión y recreación, para el disfrute -desde luego- de aquellos sectores con un alto poder adquisitivo (osea como el 20% de la población solamente) y de los extranjeros.
Y es que de no resolver a tiempo y de manera enérgica la situación que priva en la zona de Chichenitzá y las comunidades aledañas, el gobierno estará
enviando un mensaje equivocado a la inversión extranjera, y a la propia sociedad mexicana; violentando principios elementales cuyas lesiones no solo serán de tipo patrimonial, sino de graves consecuencias culturales e históricas. Es decir, si ya no tenemos respeto o aprecio por nuestras raíces, entonces, clara y abiertamente estaremos haciendo de nuestra riqueza y diversidad cultural, un mercado.
Mientras los legisladores no se ocupen de retomar la Carta Magna y ejercer el encargo institucional que el pueblo les dio al otorgarles el voto que los llevó a donde están, caciques de toda índole y procedencia partidaria, seguirán echando mano de las reservas nacionales, como hasta ahora ha venido sucediendo.
Sin embargo, aquí también los titulares de CONACULTA, el INAH , el Presidente del Consejo Mexicano de Promoción Turística, y desde luego los gobernantes, deben asumir una postura clara y definida en torno a las licitaciones, concesiones y resguardo de terrenos patrimoniales y aledaños.
Es vergonzoso que desde 2003 los indígenas que viven en las zonas circunvecinas a Chichenitzá, han estado denunciando sin respuesta alguna, sobre los atropellos por parte de los inversionistas que han comprado –obligado a vender- en vergonzosos cinco y diez centavos el metro de tierra, para levantar lo que hoy anuncian como una de las nuevas siete maravillas del mundo, a través del alquiler de sus lujosos complejos turísticos “con acceso propio a las ruinas del El Castillo”.
Sin embargo, hay un asunto que llama poderosamente la atención, y es una denuncia publicada a la par de un Manifiesto hechos por los indígenas de la zona en octubre de 2006, donde declaran que elementos de la PFP enviados por el propio INAH, así como policías pertenecientes al municipio de Tinúm, les impedían el paso a la zona arqueológica –como medida de protección a los empresarios en cuestión-, siendo que históricamente ha sido su centro de actividad y trabajo.
Por esas mismas fechas, solicitaban la expropiación de 796 hectáreas a la familia Barbachano, quienes a su vez compraron el predio (incluida pirámide) a un norteamericano, al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dado fallo a favor en 1945 sobre la disputa de la propiedad por una expropiación que había tenido lugar en 1926 por un mexicano (que no el gobierno), quien a su vez en 1895 había comprado “legalmente” las tierras por la cantidad de 75 dólares.
Así pues, parece que desde el sexenio pasado se venía perfilando la PFP y el ejército, como el instrumento para contener lo incontenible, como el vehículo de intimidación, del que ya también en su momento hizo recurso Sergio Vela contra las manifestaciones de los empleados del INAH, el INBA, y el CONACULTA, mismo que ahora por instrucción presidencial patrullan las calles del país.
En los primeros días de esta administración federal, fuimos testigos de un incremento sustantivo del 50% a los sueldos de los empleados de la SEDENA, así como de un aumento inédito en el presupuesto, y ya esta semana, insatisfechos a la vuelta de 5 meses de habérseles dado una encomiendo en las calles, exigían nuevas prerrogativas económicas y laborales. Habría entonces que tener presente –sobre todo los defensores a ultranza del llamado “operativo”, que en lo que va del año se han registrado 1300 ejecuciones, y aun no sabemos si ya desarticularon al menos alguno de los cárteles.
El asunto no es haber sacado al ejército a realizar labores que no les corresponden constitucionalmente, el asunto no es apostarlos sobre avenidas como la entrada a Playas de Tijuana, cuando la población puede acceder fácilmente por al menos otras dos vías; el asunto y el problema, va a ser regresarlos al cuartel.
Tal parece que en estos tiempos de tanta descomposición, los ciudadanos son rehenes de bandos que se disputan las ciudades. Y cuando digo “bandos” no solo me refiero a los muy bien organizados criminales, sino a todos aquellos que están a la espera de estar en posición para seguir comprando y revendiendo nuestro cada vez más escaso patrimonio.
Estamos en pleno arranque de las campañas por la gubernatura, las presidencias municipales, las diputaciones y las representaciones ante los cabildos, y tal parece que el asunto es: quién tira más dinero y pega más publicidad, y no, a quién le importa el destino de Baja California, o quién pone una propuesta razonada sobre la mesa.
Y así, justamente así, entre la diatriba interminable entre el Deber y el Poder,
nos hemos ido deshaciendo del patrimonio cultural y lo que nos queda… quién sabe cuánto nos dure.
Queda claro que la tan celebrada “alternancia” del sexenio pasado, no fue sino el refrendo del neoliberalismo y las políticas públicas de “marketing” que acabaron de poner en venta lo poco que había logrado salvarse de las administraciones priístas.
No solo fue castigado una vez más el sector cultural y educativo, sirviendo de botín para los que en vez de instrumentar proyectos para la nueva creación de escuelas en las comunidades rurales, se llenaron los bolsillos mientras con la otra mano repartían las “migas” hechas bicicletas en la tan sospechosa fundación “Vamos México”, o con la instalación de la “Enciclomedia” que priorizaron la adquisición de equipos (que aun ahora los docentes, siguen recibiendo talleres para aprender a utilizarlos) por sobre las necesidades de infraestructura, recursos elementales de aprovisionamiento y desde luego, la desatención total a la urgencia de crear un subsistema de enseñanza indígena.
Además de todo esto -y como la cereza del pastel-, las zonas declaradas patrimoniales, así como aquellas que habían sido inventariadas por el INAH por contar con vestigios arqueológicos, también se pusieron en sobre la mesa, a la espera del mejor comprador.
De ahí que los empresarios iraníes pudieran realizar un Rally en Montes Azules durante el periodo Foxista, o que el reconocido –y ahora fallecido- cacique yucateco Fernando Barbachano Peón, tuviera a bien reclamar en carta pública al entonces gobernador del Estado, su derecho “legítimo” a ingresar cuanta persona le fuera conveniente (sin pago alguno) por entrar a la zona arqueológica de El Castillo de Chichenitzá que “casualmente” le pertenece. Esto, en aquel grotesco comunicado donde literalmente decía y “te exhorto para que des las instrucciones pertinentes, a fin de que empleados de tu gobierno dejen de impedir al suscrito y a las personas que designe el libre acceso a los terrenos de mi propiedad”.
Situación a la que desde luego habría que sumarle otras zonas del país, otros caciques y otros empresarios mexicanos dispuestos a negociar hasta el último acre de nuestras reservas patrimoniales, en aras desde luego de la modernización, el desarrollo sustentable, los proyectos ecoturísticos, y la desmantelación del patrimonio nacional.
Por lo que tal vez citar Punta Colonet, la Escalera Naútica, los condominios de Donald Triumph, o la instalación de la planta regasificadora de Sempra donde la alerta lanzada el año pasado por Greenpeace, explica que “una explosión en los tanques de almacenamiento equivaldría a la detonación de 250 toneladas de TNT”. Desde luego sería ocioso dudar de la probidad de nuestras diligentes autoridades que participaron y participan de esto, y mucho menos creer que entre los inversionistas están nuestros respetados empresarios locales azul-rojos. Claro, no hay razones para dudar, cuando los hechos hablan tan claramente…
Lo más grave de todo esto, no solo es la indiferencia de la sociedad civil y su escasa participación social, ni siquiera la indiferencia sobre estos temas tan importantes para el futuro del Estado por parte de las Comisiones de Patrimonio Cultural (integradas en su mayoría por ciudadanos y representantes de instituciones), sino la asociación “sospechosa” de las autoridades del INAH, ante situaciones que claramente son una atropello a los derechos (ya no solamente culturales) sino constitucionales.
Tal parece que nuestras zonas patrimoniales arqueológicas, están puestas en la mira para ser convertidas en lujosos centros de diversión y recreación, para el disfrute -desde luego- de aquellos sectores con un alto poder adquisitivo (osea como el 20% de la población solamente) y de los extranjeros.
Y es que de no resolver a tiempo y de manera enérgica la situación que priva en la zona de Chichenitzá y las comunidades aledañas, el gobierno estará
enviando un mensaje equivocado a la inversión extranjera, y a la propia sociedad mexicana; violentando principios elementales cuyas lesiones no solo serán de tipo patrimonial, sino de graves consecuencias culturales e históricas. Es decir, si ya no tenemos respeto o aprecio por nuestras raíces, entonces, clara y abiertamente estaremos haciendo de nuestra riqueza y diversidad cultural, un mercado.
Mientras los legisladores no se ocupen de retomar la Carta Magna y ejercer el encargo institucional que el pueblo les dio al otorgarles el voto que los llevó a donde están, caciques de toda índole y procedencia partidaria, seguirán echando mano de las reservas nacionales, como hasta ahora ha venido sucediendo.
Sin embargo, aquí también los titulares de CONACULTA, el INAH , el Presidente del Consejo Mexicano de Promoción Turística, y desde luego los gobernantes, deben asumir una postura clara y definida en torno a las licitaciones, concesiones y resguardo de terrenos patrimoniales y aledaños.
Es vergonzoso que desde 2003 los indígenas que viven en las zonas circunvecinas a Chichenitzá, han estado denunciando sin respuesta alguna, sobre los atropellos por parte de los inversionistas que han comprado –obligado a vender- en vergonzosos cinco y diez centavos el metro de tierra, para levantar lo que hoy anuncian como una de las nuevas siete maravillas del mundo, a través del alquiler de sus lujosos complejos turísticos “con acceso propio a las ruinas del El Castillo”.
Sin embargo, hay un asunto que llama poderosamente la atención, y es una denuncia publicada a la par de un Manifiesto hechos por los indígenas de la zona en octubre de 2006, donde declaran que elementos de la PFP enviados por el propio INAH, así como policías pertenecientes al municipio de Tinúm, les impedían el paso a la zona arqueológica –como medida de protección a los empresarios en cuestión-, siendo que históricamente ha sido su centro de actividad y trabajo.
Por esas mismas fechas, solicitaban la expropiación de 796 hectáreas a la familia Barbachano, quienes a su vez compraron el predio (incluida pirámide) a un norteamericano, al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dado fallo a favor en 1945 sobre la disputa de la propiedad por una expropiación que había tenido lugar en 1926 por un mexicano (que no el gobierno), quien a su vez en 1895 había comprado “legalmente” las tierras por la cantidad de 75 dólares.
Así pues, parece que desde el sexenio pasado se venía perfilando la PFP y el ejército, como el instrumento para contener lo incontenible, como el vehículo de intimidación, del que ya también en su momento hizo recurso Sergio Vela contra las manifestaciones de los empleados del INAH, el INBA, y el CONACULTA, mismo que ahora por instrucción presidencial patrullan las calles del país.
En los primeros días de esta administración federal, fuimos testigos de un incremento sustantivo del 50% a los sueldos de los empleados de la SEDENA, así como de un aumento inédito en el presupuesto, y ya esta semana, insatisfechos a la vuelta de 5 meses de habérseles dado una encomiendo en las calles, exigían nuevas prerrogativas económicas y laborales. Habría entonces que tener presente –sobre todo los defensores a ultranza del llamado “operativo”, que en lo que va del año se han registrado 1300 ejecuciones, y aun no sabemos si ya desarticularon al menos alguno de los cárteles.
El asunto no es haber sacado al ejército a realizar labores que no les corresponden constitucionalmente, el asunto no es apostarlos sobre avenidas como la entrada a Playas de Tijuana, cuando la población puede acceder fácilmente por al menos otras dos vías; el asunto y el problema, va a ser regresarlos al cuartel.
Tal parece que en estos tiempos de tanta descomposición, los ciudadanos son rehenes de bandos que se disputan las ciudades. Y cuando digo “bandos” no solo me refiero a los muy bien organizados criminales, sino a todos aquellos que están a la espera de estar en posición para seguir comprando y revendiendo nuestro cada vez más escaso patrimonio.
Estamos en pleno arranque de las campañas por la gubernatura, las presidencias municipales, las diputaciones y las representaciones ante los cabildos, y tal parece que el asunto es: quién tira más dinero y pega más publicidad, y no, a quién le importa el destino de Baja California, o quién pone una propuesta razonada sobre la mesa.
Y así, justamente así, entre la diatriba interminable entre el Deber y el Poder,
nos hemos ido deshaciendo del patrimonio cultural y lo que nos queda… quién sabe cuánto nos dure.
